Durante la tarde de este domingo comenzó la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por su presunta responsabilidad en la pérdida de 235 personas a raíz del desplome del techo de la discoteca Jet Set, establecimiento del cual ambos son propietarios.
A la sala judicial acudieron personas que sufrieron lesiones durante el suceso. Entre ellas, se observó a una víctima en silla de ruedas y otra utilizando un andador para movilizarse. A ambos hermanos también se les atribuyen cargos relacionados con lesiones no intencionales.
Maribel Espaillat hizo su ingreso con un semblante serio, acompañada por agentes de seguridad. Su caminar era lento, reflejo de las heridas sufridas durante el incidente. En su testimonio previo, explicó que recibió doce puntos por una lesión en la cabeza y que una de sus orejas tuvo que ser reconstruida tras desprenderse por el impacto.
El Ministerio Público ha solicitado que a Maribel se le imponga prisión domiciliaria, mientras que para Antonio Espaillat se requiere prisión preventiva por un periodo de dieciocho meses. Él también llegó al tribunal bajo escolta y portando un casco que le protegía la cabeza.
La acusación formal presentada por los fiscales indica que los hermanos infringieron los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano. Estas disposiciones sancionan con penas específicas los casos relacionados con pérdida de vida no intencional, así como lesiones causadas de forma no voluntaria.
El desplome del techo ocurrió el 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien dejó de existir en el mismo evento mientras se encontraba en el escenario con su orquesta.
El Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat López habrían operado de forma negligente, exponiendo a cientos de personas al riesgo mediante una gestión comercial deficiente. Según su declaración, el Jet Set Club “funcionó por años bajo un esquema de negligencia sistemática en el mantenimiento y estructura del local, comprometiendo la seguridad de empleados y clientes”.
En paralelo, el abogado penalista Félix Portes, quien representa a más de 30 personas afectadas, criticó públicamente la clasificación legal presentada por los fiscales. Portes argumentó que el caso no debe tratarse como un hecho no intencional, sino que debería considerarse bajo la figura del dolo eventual, incluida en el artículo 295 del Código Penal Dominicano, que establece penas de hasta veinte años de privación de libertad.
