SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Wilkin Peña Mota, alias “Luis Mario”, acusado de causar más de 100 heridas con un clavo a su hija de un año y 11 meses en Villa Riva, provincia Duarte.
La medida fue dictada este jueves mientras el Ministerio Público continúa con el proceso, acusando a Peña Mota de tentativa de intento de ocasionar pérdida de vida y violencia intrafamiliar agravada. La jueza que tomó la decisión consideró la gravedad del hecho y la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso judicial.
El abogado defensor, Ramos Orlando Justo Betances, calificó la decisión como desproporcionada y adelantó que presentará un recurso de apelación en los próximos días. Asimismo, denunció que su cliente ha sido objeto de maltratos físicos e íntimos durante su detención, situación que, según afirmó, afecta su integridad emocional y salud física.
El caso ha provocado gran indignación en la comunidad, especialmente en Villa Riva, donde vecinos han salido a las calles pidiendo flexibilidad en el tratamiento del imputado. Según manifestaciones locales, algunos alegan que el joven habría sido engañado y drogado antes de cometer la agresión, situación que la defensa ha presentado como atenuante.
Mientras tanto, la menor continúa bajo seguimiento médico y se encuentra en condición estable. El personal de salud realiza evaluaciones periódicas para asegurar que reciba la atención necesaria y prevenir complicaciones adicionales.
El Ministerio Público mantiene la recolección de pruebas y documentación necesaria para sustentar la acusación, incluyendo reportes médicos, declaraciones de testigos y evidencias físicas que permitan reconstruir los hechos ocurridos en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, República Dominicana.
La medida de prisión preventiva busca garantizar que Wilkin Peña Mota permanezca bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial, evitando posibles riesgos para la víctima y para la continuidad de la investigación. La comunidad permanece atenta al avance del caso, que ha generado amplio debate sobre la seguridad infantil y la protección de los menores en situaciones de riesgo.
El caso sigue bajo seguimiento judicial y sanitario, con las autoridades locales y nacionales observando de cerca el cumplimiento de los derechos de la víctima y del imputado durante el proceso legal. La atención de la menor continuará siendo prioritaria mientras se determina el desenlace del proceso penal.
