Una mujer presentó una denuncia formal señalando que fue víctima de estafa por un monto de 42 millones de pesos, además de haber sido vulnerada físicamente por una supuesta red de brujos en la provincia de Azua. Los hechos denunciados involucran a varias personas que habrían operado de manera coordinada para cometer estos actos.
Milquella Ramírez expresó en su declaración que fue privada de su libertad por un brujo de su confianza, quien la trasladó hasta un altar donde habría sido hipnotizada. Según su testimonio, en ese lugar participaron otros brujos de nacionalidad haitiana, quienes le sustrajeron la suma total de 42 millones de pesos mediante engaños y manipulación.
La denunciante, originaria de Sabana Yegua en Azua, relatód que fue trasladada hasta la ciudad de Baní, donde fue sometida a actos en los que fue vulnerada físicamente en múltiples ocasiones. Estos hechos forman parte central de su denuncia ante las autoridades competentes.
Durante la jornada del martes, cuando se celebraba la audiencia judicial de uno de los supuestos implicados en el distrito judicial de Azua, Ramírez acudió acompañada de varios vecinos de su comunidad, quienes se manifestaron exigiendo que se haga justicia en este caso que ha conmocionado a la región.
En sus declaraciones, la afectada detalló cómo ocurrieron los hechos de manera progresiva: “La primera vez me sacaron 5 millones de pesos, la segunda vez me sacaron 21 millones. Y ya después de ahí, en los últimos dos días me sacaron 3 millones, 700 mil, en fin. En el que hice un total de 36 millones de pesos, más toda mi prenda valorada en 5 millones, son 42 millones de pesos“.
Ramírez continuó explicando los momentos más graves de su experiencia: “La semana que me tuvieron, me tuvieron tres días secuestrada en Baní, en el altar de José Loya. Ahí ellos me vulneraron físicamente, ese me vulneró físicamente tres veces o se lo llaman. Ese cuando, este es el amigo de mi casa, cuando me llevó a Baní, me vulneró físicamente ese, ese fueron tres“.
La denunciante manifestó su frustración con el proceso judicial inicial, señalando que acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente. Sin embargo, indicó que en Baní dejaron libre al implicado debido a que supuestamente faltaban pruebas suficientes para sostener el proceso en ese momento. Este hecho ha generado preocupación entre los allegados de la víctima y la comunidad.
El caso continúa su curso en el sistema judicial de Azua, donde se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades de los implicados en esta supuesta red delictiva que habría operado entre las provincias de Azua y Baní.
