Santiago, RD- Un tribunal impuso garantía económica, controles periódicos y restricción de viaje a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci, reactivando el caso relacionado con Stephora Joseph.
Medidas judiciales iniciales
Las disposiciones alcanzaron a Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, todas vinculadas a funciones administrativas y académicas dentro del centro educativo involucrado.
El juez excluyó a Gisela González del proceso, entendiendo que su rol directivo no guardaba vínculo directo con los hechos ocurridos durante la excursión escolar señalada.
El Ministerio Público expresó inconformidad con esta exclusión y anunció acciones para apartarla, postura compartida por los representantes legales de la madre de la estudiante afectada.
Acciones legales anunciadas
Los abogados anticiparon una querella ampliada, señalando presuntas fallas en el expediente inicial, trámite que será conocido ante el juez coordinador del distrito judicial de Santiago.
El nuevo documento incluye siete señalados, entre ellos la Asociación Leonardo Da Vinci, su presidente Eduardo Rafael Estévez y el director académico Freddy Núñez, por roles administrativos.
También aparecen Hacienda Los Caballos, Pedro Pablo Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Domingo Blanco Muñoz, vinculados al lugar donde se desarrolló la actividad recreativa programada.
Las defensas alegaron que existen trabas institucionales que, según sus planteamientos, obstaculizan las pesquisas debido al alcance económico y comunitario del centro educativo.
Contexto de la excursión escolar
El caso ganó visibilidad al conocerse que la excursión formaba parte de un programa habitual del instituto, realizado en una hacienda ubicada en la zona de Gurabo, en Santiago.
Stephora Anne-Mircie Joseph, de once años, participaba en dicha actividad cuando ocurrió una situación acuática que dejó a la menor sin signos vitales, según lo indicado en el expediente.
La audiencia de coerción generó expectación entre familiares, docentes y comunitarios presentes, todos atentos a la evolución del procedimiento y a las decisiones emitidas por el tribunal.
La madre de la estudiante permaneció en sala durante toda la diligencia, aunque se retiró sin declaraciones, reflejando la carga emocional vinculada al proceso.
Posturas enfrentadas en la sala
Los fiscales sostienen que las imputadas incumplieron protocolos de supervisión, elementos que consideran esenciales para reconstruir la cronología y establecer responsabilidades dentro del suceso investigado.
Las defensas aseguran que el personal actuó conforme a directrices vigentes, argumentando que la investigación inicial carece de evaluaciones técnicas capaces de sostener conclusiones verificables.
El tribunal determinó que las tres colaboradoras enfrentarán el proceso en libertad condicionada, bajo monitoreo permanente y con restricciones específicas de desplazamiento territorial.
El Ministerio Público adelantó que solicitará revisar la resolución, afirmando que la responsabilidad atribuida requiere controles más amplios y análisis detallados del contexto escolar aludido.
Documentos y trámites pendientes
Los abogados de la familia informaron que su escrito ampliado incorpora actuaciones administrativas y decisiones operativas consideradas influyentes dentro de la cadena de hechos evaluada.
El expediente contiene comunicaciones internas, reportes de personal y evaluaciones de seguridad del establecimiento recreativo, documentos que serán analizados en próximas audiencias judiciales.
Las partes reconocen que el avance del caso dependerá de peritajes técnicos solicitados para reconstruir la secuencia completa y precisar el nivel de supervisión ejercido por cada responsable.
Los querellantes piden incluir videos, horarios y testimonios verificados, mientras las defensas exigen respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia durante cada fase.
