
Santiago.- El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago impuso una condena de 30 años de prisión a Joan Manuel Brito Hernández, tras ser hallado responsable de la pérdida de su madre, Ana Brígida Hernández Ventura, de 62 años. El hecho se produjo el 10 de junio de 2024 en el sector Rafey de esa ciudad, según determinaron las autoridades judiciales.
La acusación del Ministerio Público estableció que Brito Hernández provocó la pérdida de su progenitora mediante obstrucción respiratoria en el interior de la residencia donde ambos convivían. De acuerdo con el expediente, el procesado trató de desviar la investigación, alegando que había encontrado a la mujer sin aliento tras no poder comunicarse con ella durante la mañana del mismo día en que ocurrió el hecho.

El informe forense presentado en el proceso judicial resultó clave para la acusación. La autopsia practicada al cadáv… confirmó que la causa de la pérdida fue asfixia mecánica por constricción del cuello, lo que aportó sustento técnico y científico a los planteamientos del Ministerio Público en torno a la responsabilidad del imputado.
Durante el juicio, la fiscalía presentó diversas pruebas que, a juicio del tribunal, establecieron la culpabilidad de Brito Hernández. Sin embargo, la defensa, representada por el abogado Robert González, adelantó que presentará un recurso de apelación, bajo el argumento de que no se probó un vínculo directo entre su cliente y la acción que derivó en la pérdida de la señora Hernández Ventura.

Los jueces que integran el tribunal señalaron que la lectura íntegra de la sentencia se llevará a cabo el próximo 7 de octubre. Mientras tanto, Joan Manuel Brito Hernández deberá cumplir la condena en un centro penitenciario de la región norte, donde permanecerá bajo las medidas establecidas por la justicia hasta el agotamiento del proceso penal en su contra.
El fallo del tribunal marca una decisión relevante dentro del ámbito judicial de Santiago, dado el carácter del caso y las pruebas presentadas durante el proceso. La sentencia, sujeta a la apelación ya anunciada por la defensa, refleja la aplicación de la normativa penal frente a hechos de este tipo, quedando en espera de la resolución definitiva tras la fase de revisión en las instancias correspondientes.

