AHORA LO QUE LE ESTAN HACIENDO
Jesús Alberto Camacho Decena, quien enfrenta acusaciones por un grave delito contra un menor, se encuentra bajo vigilancia en prisión tras un intento de hacerse daño.
Jesús Alberto Camacho Decena, quien actualmente cumple prisión preventiva, está recibiendo atención psicológica especial en su celda luego de intentar hacerse daño dentro del centro penitenciario.
El acusado enfrenta un proceso legal en San Cristóbal debido a su presunta responsabilidad en un grave hecho que afectó a un niño de 9 años, el cual pereció luego de ser encontrado en una cañada en la misma provincia.
De acuerdo con la información ofrecida, luego del incidente, se activaron los protocolos de atención médica y psicológica establecidos en los centros de detención, a fin de cuidar su integridad mientras se lleva a cabo el proceso judicial correspondiente.
Las autoridades informaron que el Ministerio Público está investigando las circunstancias en las que ocurrió el intento de autolesión, además de continuar con las indagatorias relacionadas con el caso principal que involucra al menor de edad.
Según versiones recogidas en la investigación, Camacho Decena habría ganado la confianza del niño para luego trasladarlo a otro lugar donde ocurrieron los hechos en que le quitó la vida no sin antes haber abusado de este, en un caso que sigue bajo investigación. Esta información está siendo utilizada como parte de las pruebas que el Ministerio Público presenta en su contra.
Mientras avanzan las investigaciones, el centro penitenciario ha fortalecido las medidas de vigilancia para asegurar que el acusado reciba la atención psicológica adecuada y se mantenga bajo resguardo.
Asimismo, las autoridades han reiterado su compromiso de actuar conforme a la ley, protegiendo los derechos de todos los involucrados y garantizando que el proceso se lleve adelante de forma justa y respetuosa.
El caso continúa en etapa de investigación, y la sociedad permanece atenta a los pasos que darán las autoridades para que se haga justicia de manera adecuada y conforme al debido proceso.
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El Ministerio de Interior y Policía recordó que solo dominicanos pueden participar en manifestaciones políticas en el país.
Luego de denuncias hechas por sectores nacionalistas sobre la posible participación de grupos que defienden el derecho de haitianos indocumentados en la marcha programada para el domingo, el Ministerio de Interior y Policía advirtió que los extranjeros no están autorizados a realizar marchas o actividades políticas en territorio dominicano.
La institución recalcó que cualquier manifestación paralela que no haya sido notificada ni autorizada no contará con la anuencia ni respaldo protocolar de las fuerzas del orden.
A través de un documento oficial, Interior y Policía explicó que la convocatoria a manifestaciones no autorizadas, con objetivos distintos o que pretendan realizarse en los mismos espacios públicos y horarios de la marcha previamente autorizada, no será respaldada por las autoridades de seguridad. La advertencia fue emitida para evitar confusiones y desórdenes durante la jornada de movilización.
Las organizaciones que solicitaron permiso para realizar la marcha, según el comunicado, han reafirmado su compromiso de ajustarse estrictamente a los fines declarados en su solicitud inicial, los cuales excluyen la participación de ciudadanos extranjeros.
Con esta aclaración, el ministerio busca garantizar que el evento se desarrolle de manera ordenada y conforme a las leyes vigentes.
Interior y Policía recordó que la realización de actividades políticas por parte de extranjeros está prohibida en la República Dominicana, en consonancia con las disposiciones legales que regulan la participación cívica y política en el país.
La medida subraya la importancia de proteger el orden público y el respeto a la soberanía nacional durante eventos de carácter político o social.
La institución reiteró que la vigilancia se mantendrá activa durante toda la jornada y advirtió que cualquier manifestación que no cumpla con los requisitos legales podrá ser disuelta por las autoridades competentes para preservar la seguridad de todos los ciudadanos.
