El Congreso de El Salvador, con mayoría oficialista, aprobó este jueves una reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el mandato presidencial a seis años. La medida fue respaldada por 57 votos a favor, impulsados principalmente por el partido Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele.
El cambio, que también elimina la segunda vuelta electoral y adelanta las elecciones generales a marzo de 2027, representa una transformación significativa en el sistema político salvadoreño. La sesión se llevó a cabo al inicio de las vacaciones nacionales, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y la urgencia con la que fue aprobado.
“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, expresó el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, al anunciar el resultado de la votación, con un tono claramente triunfante. Mientras tanto, la oposición, reducida a solo tres curules, calificó el proceso como una ruptura del orden democrático.
La diputada Marcela Villatoro expresó abiertamente su rechazo al decir: “Se quitaron las máscaras”, en alusión a lo que considera una pérdida de los principios democráticos en el país. En contraste, la diputada Ana Figueroa, quien presentó la propuesta, defendió la decisión señalando que la intención era asegurar la continuidad del respaldo popular al presidente sin trabas electorales.
Desde su llegada al poder en 2019 y tras ser reelecto en 2024 con un respaldo del 85%, Bukele ha fortalecido su control sobre las instituciones. El argumento oficialista detrás de esta reforma se centra en que “solo el pueblo decide hasta cuándo” debe permanecer el mandatario en el cargo.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran una creciente concentración de poder. Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que la democracia salvadoreña está “completamente desequilibrada”, mientras que Human Rights Watch comparó el rumbo político del país con el de Venezuela.
El país vive bajo un régimen de excepción desde 2022, implementado por el Ejecutivo para combatir la violencia de pandillas. Aunque esta estrategia ha contribuido a reducir los índices delictivos, también ha provocado unas 87,000 detenciones, muchas de ellas catalogadas como arbitrarias por organizaciones como Cristosal, que reporta al menos 430 pérdidas humanas bajo custodia estatal.
En medio de este contexto, la reciente detención de la abogada Ruth López, reconocida por denunciar presuntas irregularidades, ha intensificado la preocupación entre sectores críticos, activistas y periodistas independientes. El Salvador inicia así una nueva etapa política marcada por la eliminación de límites constitucionales y un fortalecimiento del poder oficialista.
