
Santo Domingo.- El sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez, perteneciente a la Diócesis de Mao-Montecristi, fue suspendido de sus funciones “para fines de investigación” tras denuncias presentadas por dos mujeres, hermanas y ya adultas, quienes afirmaron haber sido vulneradas por el religioso cuando eran menores de edad.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitió un comunicado en el que indicó que, durante el desarrollo de las pesquisas, “nos comprometemos a dar asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, así como de indicarles los procedimientos a seguir en una situación como esta”. La institución subrayó que prioriza el acompañamiento y apoyo a las personas afectadas mientras se esclarecen los hechos.

Asimismo, el CED expresó su disposición de colaborar plenamente con las autoridades, asegurando que se mantiene “en espíritu de total y abierta colaboración con las autoridades” para facilitar las investigaciones y garantizar que todos los pasos legales se cumplan según lo establecido.
El caso de las hermanas fue abordado este lunes en el programa de investigación ‘El Informe con Alicia Ortega’, donde se presentaron detalles sobre las denuncias y se explicó el contexto en que ocurrieron los presuntos hechos. El espacio televisivo sirvió como plataforma para dar visibilidad a la situación y para que las autoridades pertinentes tomen conocimiento formal de las denuncias.
Las medidas adoptadas por la Diócesis y el CED buscan asegurar que el sacerdote no ejerza funciones durante el tiempo que duren las investigaciones, evitando cualquier contacto con la comunidad y garantizando la protección de posibles víctimas adicionales. Las investigaciones buscan determinar la veracidad de las denuncias y establecer responsabilidades dentro del marco legal y eclesiástico.

La suspensión temporal del religioso refleja el compromiso de la Iglesia con la transparencia y con la atención a los procesos de denuncia, priorizando la asistencia a quienes reportan haber sido afectadas. Las autoridades eclesiásticas han reiterado que continuarán trabajando de manera coordinada con las instancias judiciales y de investigación para esclarecer los hechos de forma completa y objetiva.
El seguimiento a este caso permanece activo, con supervisión tanto de la CED como de las autoridades civiles competentes. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los resultados preliminares de la investigación, los cuales permitirán determinar las acciones legales y administrativas necesarias para el sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez y cualquier implicación relacionada con los hechos denunciados.
Una de las afectadas apenas tenía 14 años cuando comenzaron los hechos. “Al principio todo comenzó con abrazos. Le gustaba mucho pellizcarme los buches, decía, qué buchito más bonito, y me abrazaba por la cintura, y me mordía. Era como un juego”, expresó.
“Era una persona de confianza, de la casa. Luego, con el tiempo empezó a decirle a mi mamá para que yo lo acompañara a la misa, a algunas comunidades o misas fuera de la ciudad, y así empezó el asunto de poner la mano por aquí, resbalar una mano por allá. En el fondo yo era una niña. Yo sabía que estaba mal, pero fue más que todo miedo”, expresó la misma víctima.
Mientras que la otra afectada tenía apenas 12 años, hermana de la primera víctima, y declaró en una parte del programa: “Me empezaba a besar los buches, los cachetes, se fue acercando poco a poco a la boca y yo lo dejé pasar porque creí que… fue un error. Luego, con la confianza íbamos a cenar a casa de otra persona muy allegada a la familia. Luego de la cena, íbamos a una parte, no te digo que todas las noches, pero sí por lo menos una o dos veces a la semana que íbamos a cenar a esa casa mi hermana y yo. También recuerdo que mi mamá nos mandaba a que fuéramos a limpiarle su cuarto, ahí también en la cama empezaba a toc…”.

Mientras tanto, la Iglesia mantiene protocolos de asistencia a víctimas y procedimientos internos para garantizar que cualquier situación similar sea abordada con rapidez, apoyo profesional y cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la seguridad y el bienestar de quienes puedan estar en riesgo.

