Gobierno de EE. UU. intensifica operativos migratorios en ciudades demócratas
Washington, EE. UU. – El presidente Donald Trump ha emitido una instrucción pública dirigida a las autoridades federales para reforzar de forma significativa los procedimientos de remoción de personas en situación migratoria irregular, concentrando los esfuerzos en ciudades administradas por gobiernos locales demócratas.
Durante la noche del domingo, el mandatario utilizó sus redes sociales para solicitar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que “hagan todo lo posible” para llevar a cabo lo que describió como “el programa de deportación masiva más grande de la historia”. La declaración ocurre tras recientes movilizaciones ciudadanas en lugares como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, donde miles de personas se manifestaron en rechazo a políticas migratorias más estrictas.
Estas ciudades, conocidas por su tradición como espacios de acogida a comunidades extranjeras y por su compromiso con medidas de protección local, han sido identificadas por el presidente como zonas prioritarias. Según sus declaraciones, dichas urbes concentran “millones y millones de extranjeros ilegales”, los cuales, indicó, deben ser el foco de los nuevos operativos.
El objetivo principal de esta directiva, en palabras del propio Trump, es “ampliar los esfuerzos para detener y deportar” a quienes se encuentren sin estatus migratorio regular. En este contexto, se prevé una mayor presencia de agentes federales en áreas densamente pobladas y con fuerte presencia de migrantes.
Esta instrucción presidencial se enmarca en una escalada de operativos migratorios registrados en las últimas semanas, impulsada por Stephen Miller, actual subjefe de despacho de la Casa Blanca. Miller, considerado el principal promotor de esta línea de acción, afirmó recientemente que el ICE tiene como meta alcanzar los 3.000 arrestos diarios, una cifra considerablemente mayor a los 650 diarios que se habían reportado en promedio durante los primeros meses del segundo mandato presidencial.
El anuncio ha generado un amplio debate en torno a los límites de actuación entre autoridades federales y gobiernos locales. Muchos alcaldes ya han manifestado su negativa a colaborar con estas medidas, advirtiendo sobre los posibles efectos en comunidades enteras. Además, la implementación de esta política podría tener impacto en centros educativos, espacios comunitarios y servicios de salud, que tradicionalmente han sido considerados fuera del alcance de este tipo de acciones.
Organizaciones de derechos humanos, grupos religiosos y profesionales del ámbito legal han comenzado a activar redes de apoyo, albergues temporales y asistencia jurídica, en preparación ante lo que califican como una posible expansión sin precedentes de detenciones en la historia reciente del país.
