En Washington, Estados Unidos, la Casa Blanca volvió a pronunciarse sobre Nicolás Maduro en medio de un escenario de crecientes tensiones tras el reciente despliegue militar en el mar Caribe. La administración del expresidente Donald Trump reafirmó su postura firme frente al mandatario venezolano, vinculando sus acciones a la lucha contra el narcotráfico internacional.
La portavoz presidencial Karoline Leavitt indicó que no era posible anticipar decisiones específicas en torno a las fuerzas militares, pero recalcó que Estados Unidos empleará “todas las herramientas a su disposición” contra el tráfico de drogas. En sus palabras, “Nicolás Maduro es un dictador y ha sido imputado”, aludiendo a los procesos judiciales abiertos en territorio estadounidense.
Leavitt subrayó que distintas naciones del Caribe y de la región han respaldado las operaciones antidrogas impulsadas por Washington. Además, enfatizó que uno de los compromisos centrales del Ejecutivo estadounidense es frenar el ingreso de estupefacientes a su territorio y proteger a la población, a la que describió como víctima de “venenos mortales”.
La funcionaria añadió que el gobierno estadounidense mantiene la determinación de llevar ante la justicia a quienes estén involucrados en actividades ilícitas. En esa línea, insistió en que el régimen de Maduro no constituye un gobierno legítimo, sino que opera como un “cartel narcoterrorista”, un calificativo que la Casa Blanca ha reiterado en meses recientes.
En declaraciones emitidas el 26 de agosto, Leavitt sostuvo que Trump estaba preparado para utilizar todos los recursos del poder estadounidense con el objetivo de frenar el narcotráfico. En ese contexto, describió a Maduro como “un jefe fugitivo de un cartel”, acusado en Estados Unidos de enviar drogas hacia su territorio.
La reacción del gobierno venezolano fue expresada por el canciller Yván Gil, quien acusó a Washington de actuar con “desesperación y difamación”. Afirmó que las imputaciones carecen de fundamento y forman parte de una estrategia fallida que, según sus palabras, “pone en riesgo la estabilidad de toda la región”.
Gil declaró que Caracas continuará defendiendo su soberanía e independencia, y destacó que la verdadera eficacia contra el crimen requiere “respeto a los pueblos”. Este cruce de declaraciones ocurre en paralelo con la decisión del gobierno de Trump de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite la captura de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico internacional.
