La Audiencia Provincial de Almería ordenó el embargo de los bienes y fondos pertenecientes a Ana Julia Quezada, ciudadana dominicana que cumple prisión permanente revisable por el caso del niño Gabriel Cruz, ocurrido en 2018 en Níjar, provincia de Almería. La decisión busca garantizar el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la sentencia firme dictada en 2019.
La medida incluye la retención de los ingresos que Quezada percibe por los trabajos penitenciarios realizados en el Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, donde permanece privada de libertad desde hace cinco años. Según los documentos judiciales, recibe cerca de 200 euros mensuales por dichas labores, cantidad que será destinada al pago de las indemnizaciones ordenadas por la justicia.
El tribunal determinó además que se bloqueen todos los ingresos adicionales que la condenada pudiera recibir, ya sea por transferencias, ayudas o aportes de terceros, hasta cubrir la deuda económica derivada del proceso judicial. La sentencia le impone el pago de 250,000 euros a cada uno de los padres del menor por los daños morales ocasionados, así como 200,203 euros al Estado español, correspondientes a los gastos operativos generados durante los trece días de búsqueda del niño.
Las autoridades indicaron que hasta el momento solo se ha recuperado una cantidad de 467 euros, cifra mínima frente al total establecido. La resolución judicial recordó que el fallo quedó firme en febrero de 2020, tras agotarse todas las vías de apelación.
La defensa de Quezada presentó un recurso contra la medida, alegando que los ingresos por su trabajo penitenciario no alcanzan el salario mínimo interprofesional y, por tanto, deberían considerarse inembargables conforme al Estatuto de los Trabajadores. También argumentó que los fondos enviados por familiares y allegados tienen carácter de apoyo solidario y no deberían incluirse en el procedimiento de retención.
No obstante, el tribunal mantuvo la decisión de embargo total al considerar el escaso cumplimiento de la obligación compensatoria. Subrayó que la responsabilidad civil derivada de la sentencia permanece activa hasta su completa satisfacción. De este modo, los ingresos mensuales y cualquier activo financiero a nombre de Quezada quedarán bajo control judicial, en conformidad con los mecanismos de ejecución previstos en la legislación española.
Esta medida representa un nuevo capítulo en un proceso judicial de gran repercusión pública en España. Desde su ingreso en prisión, Quezada ha participado en programas de reinserción y actividades internas bajo estricta supervisión penitenciaria. Sin embargo, la resolución reciente confirma que las obligaciones civiles seguirán vigentes mientras existan fondos susceptibles de embargo en su nombre.
