FARIDE ESTA INDETENIBLE

“Mi dignidad no la delego”. Con esta expresión, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ratificó su firme intención de seguir adelante con la querella que mantiene por alegadas declaraciones difamatorias e injuriosas contra el comunicador Ángel Martínez. El caso volvió a ser revisado este jueves en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Al concluir la audiencia, Raful expresó que asistirá personalmente a cada cita judicial sin delegar su representación, al considerar que el proceso compromete aspectos esenciales de su integridad como ciudadana, funcionaria pública y mujer.

Aunque la audiencia fue pospuesta para el próximo lunes, la ministra aprovechó el momento para reiterar su confianza en las instituciones judiciales del país, y manifestó que hará uso de todos los recursos legales disponibles para defender sus derechos, tras lo que asegura han sido expresiones que afectaron su reputación.

Por su parte, Ángel Martínez se refirió brevemente al caso ante medios presentes, señalando que “están perdiendo el tiempo conmigo”, justificándose con el argumento de que es un “anciano sin recursos”. También negó haber sido quien publicó los supuestos vídeos, aunque reconoció haberlos visualizado y comentado. “Yo no tengo 50 millones de pesos para dárselos a una señorita”, dijo con un tono irónico, en alusión a la solicitud de indemnización presentada por Raful.

El abogado de la ministra, Miguel Valerio, respondió de manera directa a lo dicho por Martínez, cuestionando lo que consideró una postura evasiva. “Él canta como gallo, pero corre como gallina”, expresó. Valerio remarcó que la decisión sobre este caso debe surgir del tribunal y no de plataformas digitales.

En representación de Martínez, el abogado Carlos Mesa cuestionó la neutralidad del proceso. Señaló que existe, según su criterio, un “interés marcado” por parte del Ministerio Público, lo que —afirma— podría beneficiar de manera desproporcionada a la parte querellante. Mesa también se pronunció en contra de las medidas coercitivas solicitadas por el fiscal Merlin Mateo Sánchez, que incluyen una garantía económica en efectivo de dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Aseguró que imponer esta suma representaría una “prisión disfrazada” para su cliente.

El proceso legal también incluye a Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, quien enfrenta una causa paralela en el Sexto Juzgado de Instrucción, con audiencia fijada para el mismo lunes. Jorge fue citada adicionalmente este jueves por una nueva querella presentada por el procurador adjunto Iván Féliz Vargas, quien antes trabajaba en la unidad de crímenes tecnológicos de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante una breve intervención, Jorge aseguró que cumplirá con los procedimientos legales correspondientes y actuará con cautela. No confirmó si sostiene la acusación de que fue Vargas quien le suministró los vídeos mencionados en redes. Su defensa solicitó una prórroga adicional para el miércoles siguiente, luego de conocerse que existe otra querella activa, también promovida por Vargas.

Finalmente, Jorge comunicó que actualmente no tiene acceso a sus perfiles digitales, lo que —según indicó— afecta su capacidad para sostener una defensa efectiva y clara en el espacio digital donde comenzó el conflicto.