FARIDE PIDE CACAITO
En medio del debate suscitado por los recientes operativos realizados en establecimientos comerciales de la capital, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresó su posición sobre el tema durante su participación en el Almuerzo del Grupo Corripio.
La funcionaria llamó a distinguir claramente entre el ejercicio legítimo de la autoridad y el abuso, reiterando que toda actuación estatal debe regirse por el respeto a la ley.
Raful subrayó que ninguna intervención de las autoridades puede transgredir los derechos de los comerciantes. Aseguró que el cumplimiento de la ley debe ser el eje central de toda acción oficial, sin dejarse influenciar por presiones externas.
“Cuando se responde bajo presión pueden surgir confusiones”, señaló la ministra, en referencia directa a las recientes acciones ejecutadas por agentes de la Policía Nacional en diversos negocios, entre ellos una barbería cuyo caso ha generado controversia en medios digitales.
La ministra explicó que sostuvo una conversación directa con el propietario de dicho establecimiento, quien le relató de primera mano cómo se llevó a cabo el operativo.
Tras escuchar su testimonio, reafirmó su compromiso con velar porque cada intervención policial esté debidamente sustentada en la legalidad y no afecte innecesariamente la operatividad ni la economía de los negocios que trabajan conforme a la normativa vigente.
Faride Raful, quien anteriormente fue senadora, enfatizó que las instituciones del Estado deben actuar con prudencia, aplicando un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y el respeto por los derechos ciudadanos.
También resaltó que no deben generarse procedimientos que puedan ser percibidos como arbitrarios o desproporcionados frente al objetivo real de las acciones.
La ministra aseguró que su gestión mantendrá un enfoque firme en garantizar que los operativos se realicen con responsabilidad, sin perjudicar a los sectores productivos ni afectar la confianza entre los comerciantes y las autoridades.
Finalmente, reiteró que el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco legal y con la mesura que demanda el ejercicio público en un estado democrático.
