El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso como medida de coerción contra Ángel Martínez, el impedimento de salida del país, una garantía económica de 500 mil pesos y la obligación de presentarse de manera periódica ante las autoridades. La decisión se enmarca en el proceso legal que enfrenta Martínez por una acusación formal de difamación e injuria.
Dicha acusación fue interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien acudió ante el sistema judicial para iniciar el proceso correspondiente. A raíz de la denuncia, las autoridades judiciales evaluaron los elementos presentados y determinaron que procedía la imposición de medidas restrictivas para asegurar la comparecencia del imputado durante el desarrollo del expediente legal.
Además de la acusación principal, a Martínez también se le atribuye la presunta violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Esta legislación se aplica en los casos en que se hacen públicos contenidos considerados ilícitos o difamatorios a través de medios digitales u otras plataformas tecnológicas. Igualmente, se le imputa el incumplimiento del artículo 367 del Código Penal Dominicano, que tipifica conductas asociadas a declaraciones injuriosas.
La medida fue dispuesta como una forma de asegurar el cumplimiento del proceso judicial sin recurrir a la reclusión preventiva. Con ello, el tribunal pretende garantizar que el imputado se mantenga a disposición de la justicia mientras se continúan las investigaciones correspondientes. El juez Reymundo Mejía valoró las condiciones legales del caso antes de emitir la resolución.
Las disposiciones incluyen la obligación de presentación periódica, lo que significa que Ángel Martínez deberá acudir ante el juzgado según el calendario establecido por las autoridades. También tiene prohibido salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, y deberá depositar una garantía económica fijada en quinientos mil pesos dominicanos, como parte del cumplimiento de la coerción impuesta.
El proceso sigue su curso bajo la supervisión del sistema judicial del Distrito Nacional. Las partes involucradas deberán aportar las pruebas necesarias para que se determine la veracidad de los hechos atribuidos, en conformidad con lo establecido por la normativa vigente en la República Dominicana.
