Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del reconocido intérprete de merengue Rubby Pérez, figura entre las personas que recibieron un aporte económico tras el colapso de la estructura donde funcionaba el establecimiento Jet Set. De acuerdo con la documentación contenida en el expediente judicial, se le entregó un cheque por valor de un millón de pesos por parte de la empresa Inversiones E & L, S.R.L., cuya propiedad corresponde a Antonio Espaillat López.
Dicho monto habría sido otorgado con carácter de compensación, con el objetivo de contribuir a cubrir los daños personales y perjuicios sufridos por Pérez Lizardo como consecuencia directa del suceso ocurrido en ese local nocturno. Según los registros oficiales presentados ante el tribunal correspondiente, la entrega de estos fondos se realizó bajo la figura de asistencia o apoyo económico, enmarcado dentro de un proceso de acuerdo entre partes que contó con conocimiento legal y aceptación mutua.
En el documento presentado ante las autoridades judiciales, se señala específicamente que Inversiones E & L brindó dicha ayuda con la intención de solventar diversos gastos, incluidos aquellos relacionados con atención médica, compromisos personales y otras afectaciones surgidas como resultado del colapso ocurrido en la infraestructura del recinto.
La hija del artista firmó el recibo correspondiente, incluyendo en el mismo su número de identificación personal y la fecha en que fue suscrito. Esta constancia forma parte del expediente vinculado al caso que involucra a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial como resultado de los hechos que tuvieron lugar en el mencionado centro de entretenimiento.
El establecimiento Jet Set cesó sus operaciones tras ese acontecimiento que causó una profunda conmoción y dejó como saldo 236 personas que ya no viven, además de más de 180 que sufrieron daños físicos. El proceso legal en curso incluye diversas medidas adoptadas por el tribunal, entre ellas la imposición de garantías económicas y restricciones de movilidad para los implicados.
El hecho de que personas afectadas hayan recibido ayudas económicas forma parte de las acciones que se han desarrollado en paralelo al procedimiento judicial. Según consta en los registros, estos acuerdos se han establecido de forma voluntaria y dentro de los márgenes legales, como respuesta a los efectos derivados de lo ocurrido en la provincia de Santo Domingo.
