La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso una fianza de tres millones de pesos como medida de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida públicamente como “La Torita”, en relación con un proceso por presunta difamación contra el procurador general adjunto Iván Féliz.
Ante la decisión del tribunal, los abogados defensores de Jorge, Altagracia Capellán y Enrique Santelises, presentaron una recusación contra la magistrada, alegando supuesta falta de imparcialidad en el proceso. Como parte de su argumento, afirmaron que su representada se encuentra en una situación económica limitada.
Los juristas sostienen que la medida económica impuesta es inalcanzable para su clienta. Argumentaron que “no tiene ni para pagar un Uber”, en alusión a la imposibilidad de cubrir la garantía dispuesta por la jueza del tribunal.
Además, los abogados señalaron irregularidades en el accionar del Ministerio Público. Según indicaron, el órgano persecutor estaría interviniendo en un tipo penal que, de acuerdo con su lectura del marco legal, no le compete. Citando el artículo 32 del Código Procesal Penal, indicaron que el delito en cuestión corresponde al ámbito de acción privada.
“Por primera vez en la historia de la República Dominicana vemos que en un delito de acción privada el Ministerio Público se autoproclama competente”, manifestó el abogado Enrique Santelises durante su declaración sobre el procedimiento.
Debido a la recusación interpuesta por la defensa, la audiencia ha sido aplazada y reprogramada para el próximo 29 de julio. El tribunal se mantiene a la espera de que la Corte correspondiente se pronuncie sobre la validez de dicha recusación.
El caso ha llamado la atención por las implicaciones legales sobre la competencia en delitos de acción privada y por el debate generado en torno a la imposición de garantías económicas que, según la defensa, no se ajustan a la realidad financiera de la imputada.
