Los nuevos informes emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y entregados al Ministerio Público han aportado elementos concluyentes sobre el operativo realizado el 10 de septiembre de 2025 en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros. En ese hecho violento, cinco personas perdieron la existencia, lo que ha generado amplio debate sobre el uso proporcional de la fuerza en procedimientos policiales.
El expediente judicial detalla que los estudios forenses comprenden autopsias, análisis toxicológicos, peritajes balísticos y exámenes de residuos de pólvora. Dichos resultados desmontan la versión inicial de un “intercambio de detonaciones” y apuntan a una actuación fuera de protocolo por parte de los agentes intervinientes, según el Ministerio Público.
Estos documentos científicos sustentan la acusación formal encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien calificó el suceso como una “grave intervención fuera de protocolo” y afirmó que los resultados técnicos fortalecen la responsabilidad penal de los implicados.
De acuerdo con el informe toxicológico No. 4125-2025, ninguna de las víctimas presentaba rastros de sustancias controladas, descartándose la presencia de cocaína, marihuana, metanfetamina, opiáceos o éxtasis. Además, tres de las personas afectadas no tenían residuos de pólvora en las manos, lo que indica que no manipularon objetos de fuego ni ofrecieron resistencia durante el operativo.
Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (conocido como El Charly), Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, de entre 24 y 38 años, todos residentes en distintos sectores de Santiago.
Las autopsias revelaron múltiples lesiones causadas por proyectiles provenientes de objetos de fuego, con un desenlace rápido y severo, configurando un diagnóstico médico-legal de naturaleza involucrada en la pérdida de una persona.
El informe balístico No. BF-RN-2025-0075 confirma que los casquillos y proyectiles recuperados en el lugar corresponden a los objetos oficiales asignadas a los agentes José Ignacio Gómez Rodríguez, Yohandy Encarnación, Sócrates Fidel Feliz Feliz y Hairo Mateo Morillo. Los cuatro enfrentan medidas de coerción por uso excesivo de la fuerza y responsabilidad penal directa.
El departamento de Informática Forense, mediante el informe IFRN-235-2025, analizó videos y archivos digitales extraídos de dispositivos recuperados en la zona. El material audiovisual comprueba la presencia activa de los agentes y la secuencia de acciones que culminaron en el desenlace. Según la fiscalía, “las imágenes respaldan de manera técnica las versiones de los testigos y los hallazgos de los peritos”.
El Certificado Forense No. 4297-2025 halló residuos de pólvora en el lateral derecho del vehículo Mazda blanco donde se desplazaban las víctimas. Este dato demuestra que los proyectiles provinieron del exterior hacia el interior del automóvil, lo que apunta a una acción violenta unilateral y no a un intercambio.
Uno de los agentes, Yohandy Encarnación, presentó una lesión en el brazo izquierdo diagnosticada como trauma perforante, por lo cual recibió incapacidad médica de 30 días. Sin embargo, los investigadores concluyen que la magnitud de la respuesta policial no guarda proporción con el nivel de riesgo identificado en el operativo.
El procurador Wilson Camacho reiteró que “los elementos recabados evidencian una actuación fuera del marco legal”, asegurando que el Ministerio Público dispone de pruebas sólidas para sustentar la acusación. Añadió que el caso representará un precedente en la lucha contra el aprovechamiento de poder dentro de los cuerpos de seguridad pública.
Diversas organizaciones de derechos ciudadanos, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Observatorio de Derechos Humanos, solicitaron revisar los protocolos de intervención policial, insistiendo en mayor control interno y formación en manejo de crisis.
Familiares de las víctimas, con apoyo de la Defensoría Pública, exigen sanciones ejemplares y mantienen vigilias en Santiago en reclamo de justicia y respeto institucional. Mientras tanto, los agentes implicados permanecen bajo custodia judicial, y el tribunal de instrucción se dispone a conocer la solicitud de apertura a juicio.
El expediente de La Barranquita se considera uno de los más amplios del año, con más de 40 pruebas periciales y 15 testigos presenciales incorporados. Su desenlace será determinante para establecer la responsabilidad penal de los agentes y fortalecer la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden en la República Dominicana.
