Santiago- El tribunal dictó medidas de coerción a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci tras la pérdida de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar.
Reacción del Ministerio Público
La magistrada Olga Dina Llaverías informó que el Ministerio Público no comparte la decisión judicial y recurrirá una vez reciba la notificación oficial sobre el caso.
“Enfoquémonos en lo que pasó en el día de hoy. Acabamos de conocer la medida de coerción, no fue la mejor decisión, y nos enfocaremos en recibir la notificación para proceder con el recurso correspondiente”, detalló la magistrada.
Decisión del tribunal
La jueza Yaritza Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a tres empleadas.
Las medidas aplican a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, según el fallo.
Por su parte, la coordinadora general Gisela González Estrella recibió libertad simple, sin restricciones adicionales, según los registros de la audiencia de este miércoles en Santiago.
Calificaciones jurídicas del caso
El Ministerio Público calificó el caso como homcidio involuntario, de acuerdo con el artículo 319 del Código Penal dominicano, y señaló otras posibles infracciones relacionadas con la protección infantil.
Se le atribuyen también delitos de abandono y maltrato de niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del Código Penal, según la documentación oficial sobre el proceso.
La conducta señalada se ajusta al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, enfatizando la responsabilidad de los adultos a cargo.
Condiciones de la excursión
El expediente detalla que 87 estudiantes fueron movilizados con solo tres cuidadoras, sin considerar la profundidad de las piscinas ni las medidas de seguridad requeridas para la actividad.
No se llevaron salvavidas, chalecos de seguridad ni se consultó a los padres sobre la capacidad de los niños para nadar, según la información contenida en el informe del Ministerio Público.
La documentación señala que la falta de planificación y supervisión aumentó los riesgos durante la excursión, exponiendo a los menores a una situación peligrosa sin los recursos necesarios.
El Ministerio Público espera la notificación formal para presentar el recurso correspondiente y continuar el proceso judicial en Santiago.
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