Santiago- La familia de Stephora Josep reiteró inquietudes sobre la gestión institucional del proceso, destacando retrasos, documentos incompletos y registros faltantes vinculados al desarrollo del expediente inicial.
Observaciones sobre el inicio del proceso
El relato señala que el proceso necesitaba credibilidad, pero indica que inicialmente autoridades y representantes educativos evitaron responder a la denuncia familiar presentada en los primeros días.
Según la descripción, una fiscal no quiso recibir la querella inicial, lo que fue considerado un hecho inusual que generó inquietud entre quienes buscaban atención inmediata.

El texto recuerda que transcurrieron veintidós días, acompañados de amplia presión mediática, antes de que se produjeran acciones oficiales relacionadas con la situación reportada.
También se menciona que en la medida de coerción no fue incluida la institución organizadora de la actividad, pese a asumir contractualmente la seguridad del grupo participante.
Falta de un registro audiovisual
El centro entregó un DVR con grabaciones de veintidós cámaras correspondientes a Hacienda Los Caballos, dos horas antes del levantamiento del cuerpo, pero solo se extrajeron tres archivos.
Aunque el acta indicaba un tercer registro, dicho archivo no apareció posteriormente, y la familia únicamente recibió dos fragmentos vinculados al material disponible.

A pesar de considerarse evidencia, el dispositivo fue devuelto a la hacienda antes de cerrarse la investigación, situación que, según la familia, generó dudas importantes.
Señalamientos previos
Los parientes mencionan a la fiscal Cristina Ramírez, indicando preocupación por su manejo del caso y recordando situaciones previas, como el intercambio de proyectiles en Barranquita.
En ese hecho, según el relato, familiares del barbero Vladi Valerio indicaron que se manejaron indebidamente videos que no volvieron a encontrarse durante el proceso formal.
Pese a esos señalamientos, el texto afirma que no se aplicaron medidas disciplinarias, aunque reconoce que quizá no correspondían, pero afectaron la percepción de credibilidad institucional.
Decisiones recientes del Ministerio Público
La procuradora Olga Diná Llaverías informó que se apelará la decisión del tribunal respecto a los cuatro imputados en la situación que dejó sin signos vitales a Stephora.
El texto agrega una apreciación sobre la magistrada Diná, mencionando un prejuicio derivado de su papel en el caso Yuniol Ramírez, señalando la necesidad de cautela.
Se recuerda que la familia acudió directamente a la procuradora para lograr que la sede del Ministerio Público en Santiago avanzara con mayor rapidez en este proceso.
Próximos pasos familiares
La familia de Stephora llevará una demanda cuyo tipo no ha sido precisado, aunque se considera probable que el proceso examine actuaciones institucionales vinculadas al expediente.
- Revisión de archivos audiovisuales recibidos.
- Observación del manejo inicial de la querella.
- Evaluación de decisiones previas dentro del proceso.
El texto sugiere que este caso podría centrarse más en la actuación del Ministerio Público que en los implicados mencionados inicialmente.
Estas consideraciones se presentan como parte de un recuento alineado con los datos expuestos por la familia y los documentos disponibles.
El desarrollo del caso seguirá dependiendo de las decisiones judiciales y de la información que continúe emergiendo a partir de los registros entregados.
La familia insiste en la necesidad de claridad para sostener la credibilidad del proceso y asegurar una revisión integral del material presentado.
Las autoridades mantienen sus procedimientos mientras se procesan las apelaciones y se revisan los elementos formales incluidos en el expediente.
El seguimiento permitirá determinar el alcance de los reclamos mencionados y el impacto que puedan tener en la continuación del proceso.
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