Santo Domingo — La jornada judicial de este martes tuvo un desarrollo relevante cuando Ethian Vásquez Amarante, expareja de la diputada Jacqueline Fernández, manifestó ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia su disposición a someterse de manera voluntaria al proceso de envío solicitado por autoridades estadounidenses.
Durante su intervención, Vásquez Amarante aseguró que la decisión se tomó sin presiones externas y responde a una valoración personal realizada ante los magistrados, quienes revisaron los detalles iniciales del trámite solicitado desde el extranjero. Su planteamiento se produjo en la audiencia destinada a examinar la solicitud remitida por organismos federales, que le atribuyen presuntas vinculaciones con operaciones ilícitas transnacionales, razón que motivó la apertura del procedimiento formal en el sistema judicial dominicano.
La Dirección Nacional de Control de Drgas (DNCD) confirmó que el arresto de Vásquez Amarante se concretó con fines de envío, tras recibir la comunicación oficial de la autoridad estadounidense interesada en su participación para continuar las indagatorias relacionadas con operaciones internacionales bajo investigación. Este procedimiento se desarrolla conforme a los lineamientos de acuerdos bilaterales, que establecen la cooperación institucional entre ambos países y determinan los pasos para la entrega temporal de personas señaladas en expedientes abiertos fuera del territorio dominicano.
En paralelo, se informó que la relación matrimonial entre Vásquez Amarante y la diputada Fernández finalizó hace aproximadamente cuatro meses, periodo durante el cual ambos decidieron encaminar sus vidas de manera independiente, sin convivencia ni responsabilidades compartidas en su entorno personal. La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aclaró que la desvinculación se produjo en términos civiles y familiares, indicando que la situación actual corresponde únicamente a decisiones privadas, sin influencia sobre los procesos institucionales en curso.
Según las actas judiciales, el tribunal escuchó las declaraciones del ciudadano mientras revisaba los informes enviados por las autoridades solicitantes, verificando los documentos que sustentan el requerimiento y los procedimientos de coordinación internacional. Fuentes vinculadas al proceso señalaron que, a partir de esta manifestación voluntaria, las autoridades dominicanas deberán continuar con los pasos reglamentarios, que incluyen la emisión de certificaciones y la verificación de los plazos establecidos por los convenios de cooperación.
Desde este momento, los organismos competentes mantienen la responsabilidad de completar los controles requeridos y asegurar que cada etapa se cumpla conforme a la legislación nacional, garantizando transparencia y rigurosidad en el procedimiento. Los representantes judiciales precisaron que cualquier avance posterior dependerá de las notificaciones formales correspondientes dentro del cronograma del caso, mientras se realiza el seguimiento a los documentos remitidos por las entidades federales del país solicitante.
Hasta ahora, las autoridades dominicanas continúan trabajando bajo los parámetros institucionales que regulan este tipo de procesos, limitándose a certificar cada paso conforme a los expedientes recibidos y a las declaraciones proporcionadas por Vásquez Amarante durante la audiencia.
