A pocos días de celebrarse la próxima audiencia del caso, prevista para el lunes 20 de octubre de 2025, los abogados Jaime Caonabo Terrero y Julio Alberico Hernández presentaron su renuncia irrevocable a la defensa de Ammy Hiraldo Peña, señalada como involucrada en la pérdida de la joven Yennely Duarte Hilario, un hecho que ha generado gran conmoción en la provincia Sánchez Ramírez.
En un documento formal depositado ante las autoridades judiciales, los juristas explicaron que su presunta decisión se debe a la falta de garantías de seguridad personal, así como al rechazo constante de las solicitudes y recursos presentados en favor de su representada. Esta renuncia se sustenta, según expusieron, en la imposibilidad de ejercer la defensa dentro de un marco que asegure condiciones equitativas frente a las demás partes procesales.
Los abogados Terrero y Hernández afirmaron que “durante el conocimiento de la audiencia preliminar la vida de los abogados estuvo en peligro inminente”, indicando que en los alrededores del Palacio de Justicia de Cotuí se produjeron alteraciones del orden público y acciones violentas, incluyendo el lanzamiento de objetos hacia el vehículo que transportaba a la imputada.
Asimismo, señalaron que ni la Policía Nacional, ni el Ministerio Público, ni la seguridad del Palacio de Justicia les ofrecieron garantías para desarrollar su labor “en igualdad de condiciones con relación a las demás partes”. Manifestaron que esta situación ha comprometido la posibilidad de ejercer la defensa con la debida tranquilidad y respeto institucional.
El escrito, firmado el 16 de octubre en Cotuí, detalla que los abogados habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia una declinatoria por razones de seguridad pública, la cual fue rechazada. Actualmente, el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de un recurso de revisión constitucional sobre dicha decisión, lo que mantiene el proceso en seguimiento judicial.
Entre las irregularidades denunciadas, mencionaron la supuesta omisión de la secretaria del tribunal al no acreditar determinadas pruebas y solicitudes de la defensa durante la audiencia preliminar. También destacaron la negativa repetida a diversas peticiones, entre ellas la revisión de medida de coerción, la acreditación de elementos probatorios y la apelación de nulidad del auto de apertura a juicio, alegando vulneraciones al debido proceso.
