Diario al Día, La Vega- El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega impuso como medida de coerción la presentación periódica y ordenó terapia conductual a Juan José De Campos Brea, de 45 años, captado en un video advirtiendo a una familia con un objeto de fuego durante una disputa por un parqueo.
De Campos Brea es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en La Vega y profesional del derecho, según informaron las autoridades locales.
El imputado enfrenta cargos por infringir el artículo 307 del Código Penal, en perjuicio de las víctimas cuya identidad se mantiene bajo reserva para proteger su integridad.
Detalles del incidente
El hecho se registró en la calle Profesor Juan Bosch, cerca de un centro comercial de La Vega. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa al imputado apuntando el objeto de fuego hacia las personas mientras les advertía que “les va a volar la cabeza”, generando alarma entre la comunidad.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, calificó la decisión del tribunal como “desacertada” y expresó su intención de apelar la medida tan pronto reciban el dispositivo de la resolución, buscando una acción más proporcional al riesgo que representa la conducta.
Riesgo a la seguridad pública
García señaló que la conducta exhibida por De Campos Brea es “inaceptable” y constituye un riesgo evidente para la seguridad pública, subrayando que la intimidación mediante un objeto de fuego no puede ser tolerada en la comunidad.
El tribunal, sin embargo, decidió optar por medidas de control más suaves, priorizando la presentación periódica y la inclusión de terapia conductual, como mecanismo para supervisar al imputado y prevenir incidentes futuros en el área.
Autoridades locales mantienen vigilancia sobre el caso mientras se procesan los pasos legales correspondientes, y recordaron que la apelación de la fiscalía podría modificar las medidas impuestas si se considera necesario garantizar la seguridad de las víctimas.
Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la exposición de la comunidad a situaciones de riesgo y esperan que las autoridades tomen acciones efectivas para prevenir la repetición de hechos similares.
El caso ha generado debate sobre la respuesta judicial frente a conductas de intimidación con objetos de fuego y la necesidad de medidas que protejan a la población, especialmente en espacios públicos cercanos a comercios y residencias.
Se espera que la apelación presentada por la fiscalía determine ajustes en la medida de coerción y refuerce protocolos de seguridad mientras continúa el proceso legal en La Vega.
¿Qué opinas? Déjanos tu comentario abajo.
