El juez del tribunal de Intrusión del distrito judicial del municipio de Santa Bárbara de Samaná impuso tres meses como medida de coerción a un hombre dominicano acusado presuntamente de la pérdida de una ciudadana alemana, encontrada sin existencia en su residencia en Las Pascualas, del distrito municipal de Arroyo Barril, en la provincia de Samaná.
Esta decisión se tomó dentro del marco legal correspondiente y busca garantizar el avance del proceso judicial mientras se realizan las investigaciones pertinentes. La víctima fue localizada sin existencia en su hogar, lo que motivó la intervención de las autoridades locales y la apertura de un expediente para determinar las circunstancias que rodearon este hecho violento.
El juez de la misma jurisdicción determinó que Diogenes Altagracia permanezca bajo prisión preventiva durante tres meses, mientras se esclarece su presunta vinculación con la pérdida de existencia de la señora Ana María Bárbara, quien residía cerca del proyecto Las Pascualas, en el distrito municipal de Arroyo Barril.
La medida fue adoptada considerando la gravedad de la situación y la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial. Según la acusación, Altagracia podría estar implicado en la comisión del hecho violento que culminó con la pérdida de existencia de la ciudadana extranjera, lo que ha generado atención tanto de autoridades judiciales como de organismos de derechos humanos en la región.
El abogado del imputado, Agustín Paredes, declaró que su cliente había solicitado ayuda a los vecinos al llegar a la residencia a las ocho de la mañana y encontrar la puerta abierta, pero en lugar de recibir apoyo, “lo que recibió de los moradores del lugar fue traumas y querían lincharlo por lo que se mandó a correr”. Estas declaraciones reflejan la tensión del momento y las complicaciones que enfrentó el imputado al intentar reaccionar ante la situación inesperada, lo que ha sido considerado en su defensa dentro del proceso legal en curso.
Asimismo, el presidente de la Defensoría del Pueblo y de los Derechos Humanos en Samaná, Pedro Jhonson, solicitó una investigación profunda del caso, señalando que existen indicios de criminalidad, ya que según información preliminar, la puerta de la residencia estaba abierta antes de que el acusado llegara al lugar.
La revisión de la medida de coerción está programada para el 9 de diciembre, fecha en la que se evaluará la continuidad de la prisión preventiva y se analizarán los avances de la investigación. La continuidad del proceso dependerá de los resultados de la investigación y de la evaluación judicial de las pruebas presentadas ante el tribunal.
