República Dominicana, Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este lunes una condena de ocho años de prisión contra Jairo Joel González Durán, declarado culpable de encabezar un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas que afectó a más de 400 personas. Además de la sanción privativa de libertad, se le impuso el pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector financiero.
De acuerdo con la sentencia, González deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tras comprobarse que mediante un entramado financiero prometía altos beneficios de rentabilidad a los inversionistas. Bajo esa modalidad, logró captar más de 15 millones de dólares, 34 millones de pesos dominicanos y alrededor de 3 millones en activos digitales, recursos que posteriormente no fueron retornados a quienes depositaron su confianza en la propuesta.
El proceso judicial, seguido con amplio interés público durante meses, reveló cómo la captación irregular de fondos fue presentada como una oportunidad moderna de inversión vinculada al auge de las criptodivisas. Sin embargo, la falta de respaldo real y las denuncias posteriores derivaron en el señalamiento de estafa, lo que motivó la acción penal en contra de González y otros coimputados que figuraban en el expediente.
En el mismo fallo, el tribunal absolvió a William Mejía Martínez, Moisés Darío González Rodríguez y Leandro González Espinal. A estos se les retiraron los cargos relacionados con violaciones al Código Penal, a la Ley de Mercado de Valores, a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley de Lavado de Activos. Los jueces dispusieron el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban en su contra y declararon de oficio las costas procesales, al estar representados por la defensa pública.
Asimismo, el tribunal ordenó que junto a González, Kelmin Santos Rodríguez asuma el pago de las costas penales del proceso. Esta decisión se suma a las medidas de carácter económico que complementan la condena, con el propósito de cubrir parte de los daños ocasionados y garantizar el cumplimiento de los requerimientos judiciales.
Por otro lado, el interviniente voluntario Roberto Polanco Burgos logró que se acogiera su solicitud, instruyendo al Ministerio Público y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a levantar la oposición administrativa sobre un vehículo y a liberar el secuestro de diversas unidades funcionales. Los detalles específicos de esta disposición serán precisados en la sentencia íntegra que será publicada próximamente.
El caso ha sido considerado como uno de los fraudes financieros más significativos de los últimos años en República Dominicana, tanto por la magnitud de los recursos involucrados como por la cantidad de personas afectadas. La sentencia se convierte en un referente judicial sobre el manejo de inversiones digitales y evidencia el impacto que generan este tipo de esquemas en la confianza ciudadana respecto a las plataformas emergentes.
