La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega emitió una orden de arresto contra un hombre que ofreció pagar veinte mil pesos con el fin de vulnerar físicamente a una niña de ocho años en la provincia. El caso ha generado indignación en la comunidad y en las redes sociales donde inicialmente circuló el material que dio origen a la investigación.
La solicitud de arresto y allanamiento presentada por el Ministerio Público estableció que en fecha 24 de octubre del año 2025 fue cuando recibieron el informe sobre el video que circulaba en redes sociales. En el material audiovisual se observa y escucha a un hombre solicitar a una mujer conseguir a una menor de edad, explicando de manera explícita su interés en que fuese una niña de entre ocho y diez años.
En el video, el sujeto alega que “mientras más chiquita, mejor” y ofrece entre quince mil y veinte mil pesos por el servicio solicitado. Estas declaraciones quedaron registradas en la grabación que posteriormente fue denunciada ante las autoridades competentes, quienes iniciaron de inmediato las diligencias de investigación correspondientes para identificar al responsable.
Mediante diligencias de investigación realizadas por las autoridades, se identificó a la persona que hacía la solicitud en el video como Alexander Ramón Peña Henríquez, de 52 años de edad. El acusado fue claramente identificado como quien solicita los servicios de vulneración física de una niña menor de edad, confirmando su identidad a través de análisis del material audiovisual y testimonios recopilados durante el proceso investigativo.
El acusado fue detenido en la ciudad de Santiago tras ejecutarse la orden de arresto emitida por la autoridad judicial. Las autoridades actuaron con celeridad una vez completadas las diligencias de identificación y localización del imputado, procediendo a su captura conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos que involucran menores de edad.
Este caso resalta la importancia de las denuncias ciudadanas y el uso responsable de las redes sociales para reportar situaciones que comprometen la seguridad e integridad de menores. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas y si el acusado había concretado anteriormente solicitudes similares. El Ministerio Público presentará los cargos formales correspondientes ante las instancias judiciales competentes.
