300 MILLONES
En Santo Domingo, la abogada y esposa del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, quien representa a una de las personas afectadas en el caso del colapso ocurrido en la discoteca Jet Set, solicitó que se imponga una garantía económica de 300 millones de pesos y se establezca el impedimento de salida del país para los hermanos Antonio y Rita Espaillat. Ambos se encuentran señalados en la investigación por la pérdida de 236 personas durante el derrumbe del lugar.
La representante legal aclaró que la suma solicitada no equivale a una compensación definitiva. Su objetivo es asegurar una posible reparación futura por los daños causados. Además, describió los hechos como un “homicidio involuntario por negligencia” y expresó que se mantienen vinculados al proceso encabezado por el Ministerio Público.
“Nosotros estamos solicitando que se imponga una garantía económica de 300 millones de pesos en efectivo y el impedimento de salida del país para los imputados, como una forma de asegurar el cumplimiento de futuras indemnizaciones”, sostuvo la abogada.
También explicó que las compensaciones deben ser consideradas de forma individual, ya que cada familia experimenta una realidad diferente. Señaló que no es lo mismo una persona que dejó tres hijos que otra sin personas a su cargo. “Cada víctima representa una realidad distinta, y los jueces deberán valorar esos elementos en su momento”, indicó.
En cuanto al proceso judicial, la profesional del derecho informó que, aunque la audiencia fue aplazada a solicitud de la defensa, se encuentran preparados para retomar el procedimiento este martes ante el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, ubicado en la provincia Santo Domingo.
Sobre el estado actual de su representada, la abogada manifestó que se encuentra en una situación emocional muy difícil. “Es una joven viuda, con tres jovencitos, uno de apenas 15 años, y nadie debería pasar por algo así”.
Respecto a la clasificación legal del caso, la abogada estuvo de acuerdo con la posición del Ministerio Público, al señalar que hubo una preferencia por los intereses económicos por encima de la seguridad de las personas. “Nosotros creemos que se trató de un homicidio involuntario debido a la inobservancia y negligencia por parte de Antonio Espaillat, su hermana y otros implicados. Este tipo de conductas deben ser sancionadas con la pena máxima”, afirmó.
La jurista también señaló que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que podrían surgir elementos adicionales que aumenten la responsabilidad de los implicados. “Nos adherimos plenamente a la investigación y a la calificación jurídica que ha hecho el Ministerio Público. Este no fue un accidente fortuito, fue una negligencia que costó vidas”.
