Familiares de Ángel Rafael Feliz Carrasco en Barahona denuncian irregularidades en la investigación de su muerte.

Una mujer se ha comunicado con nuestro medio para solicitar ayuda respecto al caso de su padre, Ángel Rafael Feliz Carrasco, quien perdió los signos vitales entre el jueves y el amanecer del viernes en la localidad de Los Patos, en San Rafael, perteneciente a la provincia de Barahona.

En los primeros reportes, se indicó que el fallecido habría atentado contra su propia vida mediante ahorcamiento. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la hija de Ángel Rafael, quien sostiene que los representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), responsables de realizar el levantamiento del cuerpo y las investigaciones pertinentes, presuntamente no efectuaron los procedimientos ni las verificaciones necesarias durante el levantamiento del cadáver para asegurar que haya provocado su muerte.

“Una persona que se ahorcó no habría quedado como él quedó. Tampoco se desfigura así como aparece en la caja”, expresó la hija, cuestionando la versión oficial.

Asimismo, informó que una mujer de nacionalidad haitiana, considerada sospechosa por la familia, fue detenida en relación con el caso. Sin embargo, según su denuncia, las autoridades estarían considerando su liberación.

La hija también aseguró que su padre presentaba signos de violencia que no concuerdan con un ahorcamiento. Según sus declaraciones, Ángel Rafael Feliz Carrasco tenía el cuello desprendido de la cabeza debido a la gravedad del incidente. A pesar de ello, el informe oficial entregado a la familia establece que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento.

“Tenía también golpes en la cabeza. En la caja se le ve que tenía un ojo como si le fuesen dado un golpe fuerte. Parecía otra persona”, agregó la hija, insistiendo en que las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo no son compatibles con un caso de suicidio por ahorcamiento.

La familia de Ángel Rafael Feliz Carrasco mantiene sus sospechas y pide que se realicen investigaciones exhaustivas y objetivas para esclarecer las verdaderas circunstancias de su muerte en Barahona.

Aseguran que los signos visibles en el cuerpo del fallecido y las inconsistencias en el procedimiento de levantamiento ameritan una revisión más detallada del caso por parte de las autoridades competentes.

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En medio de un creciente descontento social, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha sido objeto de fuertes críticas por parte del comunicador Ramón Tolentino, quien advirtió que las acciones del Gobierno del PRM podrían provocar una reacción civil de gran magnitud.

Tolentino hizo referencia a la huelga de abril de 1984, comparando el contexto actual con aquel ambiente represivo, mientras mostraba imágenes de puentes y sectores completamente militarizados.

“Gobernar con miedo, militarizar puentes y calles enteras… eso no es orden, eso es desconexión total con el pueblo dominicano”, expresó.

Las críticas de Tolentino también apuntaron a presuntos abusos de poder y medidas restrictivas que, según él, afectan principalmente a los sectores populares.

“Usted ha desgraciado la vida del pueblo dominicano con su política sorda, ciega y muda. Lo suyo no es orden, es prepotencia institucionalizada”, afirmó. También exigió que se publique una lista de los medios que, de acuerdo con Faride Raful, estarían manipulando o extorsionando.

Uno de los temas que generó mayor controversia fue la incautación masiva de bocinas durante diciembre y Semana Santa, realizada incluso en lugares donde no se encontraban encendidas.

“Las bocinas fueron decomisadas aun apagadas, en colmados y patios familiares, bajo el argumento de prevención”, denunció Tolentino, apoyándose en videos que mostraban estos operativos.

El comunicador presentó además evidencia audiovisual donde se observa el uso de gas lacrimógeno en reuniones familiares, afectando a niños y adultos. “Le están echando gas pimienta a niños en medio de reuniones familiares. ¿Qué mensaje es ese para nuestra gente?”, cuestionó.

Otro punto señalado fue que más de 370 personas altamente buscadas no fueron arrestadas durante diciembre porque, según Tolentino, los agentes policiales se enfocaron en incautar bocinas en lugar de perseguir a los delincuentes. Calificó esta situación de incongruente e ineficiente.

Tolentino destacó que “la diáspora está indignada, el país económico está quebrado, la gente no quiere volver”, en referencia a la creciente pérdida de confianza en la administración pública.

También denunció una supuesta “doble moral oficial”, señalando que mientras en los barrios populares se prohíbe el sonido, lugares exclusivos como Punta Cana operan sin restricciones.

Finalmente, Tolentino recordó casos de violencia que han sacudido al país, como el fallecimiento de Wilmeris De Jesús Martínez y del niño Ángel Mercedes.

“Mientras el pueblo sufre estas realidades, la ministra prohíbe hasta jugar dominó en la galería”, concluyó, pidiendo al presidente una revisión profunda de su gabinete y la destitución de Faride Raful, a quien calificó como “la faraona del caos”.

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Tribunal de Florida acusa a Edickson Herrera Silvestre, del PRM, de graves delitos de narcotráfico.

Un giro inesperado sacude el escenario político del país tras revelarse que Edickson Herrera Silvestre, regidor activo del Ayuntamiento del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha sido solicitado en extradición por un tribunal federal de Estados Unidos.

La solicitud proviene del Tribunal del Distrito Sur de Florida, en el marco del caso número 25-CR-20095-BLOOM/ELFENBEIN, fechado el 5 de marzo de 2025.

Según documentos divulgados por el abogado Rafael Linares, Herrera Silvestre es señalado junto a José Eduviges Aponte Torres, conocido como “Buby”, y William Durán Jerez. Los tres enfrentan múltiples acusaciones vinculadas a graves violaciones de leyes federales estadounidenses sobre sustancias controladas.

La solicitud de extradición incluye cargos por conspiración para importar, fabricar, distribuir e intentar distribuir sustancias controladas, así como posesión con intención de distribuir, importación y exportación de químicos regulados y decomiso criminal, en violación de los artículos 21 U.S.C. §§ 841, 846, 952, 953, 959, 963, 970 y 853.

El expediente judicial detalla que la operación presuntamente llevada a cabo por los acusados se extendió desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022.

Las acciones habrían sido ejecutadas tanto en la República Dominicana como en el condado de Miami-Dade, Florida, además de otras localidades aún no especificadas en los documentos judiciales.

De acuerdo a la acusación, se trataría de una red de narcotráfico internacional, cuya estructura operativa se mantiene bajo investigación. No se han divulgado detalles sobre el rol específico que habría desempeñado cada uno de los acusados dentro de la presunta organización criminal.

La atención pública y mediática ahora se centra en las acciones que emprenderá el Ministerio Público dominicano frente a esta solicitud formal de extradición.

La confirmación de estos señalamientos ha provocado un fuerte impacto en el ambiente político, especialmente en la cúpula del PRM, partido al que pertenece Herrera Silvestre.

Además, el caso genera preocupación en las autoridades municipales del Distrito Nacional, ya que afecta directamente la imagen institucional del Ayuntamiento y podría influir en la percepción pública sobre la transparencia de sus funcionarios.

Mientras avanzan los procedimientos legales, se esperan nuevas informaciones sobre las investigaciones en curso, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

El caso de Edickson Herrera Silvestre representa un nuevo reto para las autoridades, que deberán actuar con celeridad y transparencia para mantener la confianza ciudadana en las instituciones.