El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona emitió una sentencia condenatoria contra dos hermanos involucrados en la pérdida de una persona. La decisión se tomó en la mañana de hoy en contra de los imputados Gabriel Ferreras y Ramón Antonio Noboa Ferreras, quienes contaron con la representación de abogados de la Defensa Pública en el proceso judicial.
De acuerdo con la resolución emitida por el tribunal, ambos imputados deberán cumplir una condena de 30 años cada uno en la cárcel pública de Barahona. Esta medida busca asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales derivadas del incidente que tuvo lugar en julio de 2024 y que involucró daños graves a la víctima identificada como Jean Carlos Penn, de 31 años de edad.
Según la investigación de la Dirección Regional Sur de la Policía, los hermanos fueron identificados como los responsables de ocasionar las heridas por proyectiles y por objetos afilados que afectaron físicamente a la víctima. El hecho de violencia generó consternación en la comunidad del sector La Playa y en toda la ciudad de Barahona, impactando de manera significativa a sus residentes y al entorno local.
El Ministerio Público, a través del fiscal Jhoeudis Medina, solicitó la imposición de la pena indicada y presentó como evidencia los elementos empleados en el hecho, que incluyeron un objeto de fuego de cañón corto de 9 milímetros y un objeto afilado tipo cuchillo. Estas pruebas fueron determinantes para que el tribunal emitiera la sentencia y respaldaran la acusación en contra de los imputados.
Los hermanos condenados aún cuentan con la posibilidad de apelar la decisión ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona. La acción legal de apelación permitirá que se revise la sentencia y se evalúe nuevamente la evidencia presentada durante el proceso, asegurando que se respeten todos los procedimientos legales correspondientes y que se confirme la legalidad de la condena impuesta.
El fallo del tribunal refleja la gravedad del hecho en que resultó afectada la víctima, enfatizando que los imputados serán responsables de los daños ocasionados durante el incidente. La sentencia busca garantizar justicia en la región, mientras se mantiene abierta la vía legal para cualquier revisión posterior que los condenados decidan emprender conforme a la ley vigente.
