SALE HIJO DE RUBBY PEREZ
Hijo perdido de Rubby Pérez reclama su herencia tras su fallecimiento, generando controversia familiar.
La tragedia reciente ocurrida en el Jet Set, donde falleció el reconocido merenguero Rubby Pérez, ha dado un giro inesperado. Apenas unos días después de su deceso, un hombre de aproximadamente 30 años se ha presentado afirmando ser el hijo biológico del artista.
De acuerdo con declaraciones extraoficiales, este joven sostiene que nació como resultado de una relación entre Pérez y la periodista venezolana Mariana Colmenares, a finales de la década de 1990.
El supuesto hijo, identificado como Alejandro Colmenares Pérez, arribó a República Dominicana proveniente de Caracas. Vino acompañado de un equipo legal que respalda tanto su solicitud de reconocimiento como su reclamo a formar parte de la herencia del cantante.
Esta revelación ha causado sorpresa y desconcierto tanto en el entorno familiar como entre los allegados a Rubby Pérez, quienes aseguran no haber tenido conocimiento previo de la existencia de este joven.
Rubby Pérez, famoso no solo por su potente voz sino también por su vida privada muy reservada, nunca hizo pública ninguna declaración reconociendo la existencia de un hijo fuera de su matrimonio.
La figura de Mariana Colmenares, conocida en su momento por su trabajo en el periodismo cultural venezolano, dejó los medios de comunicación hace más de diez años, lo que ha complicado la verificación de los hechos relatados por Alejandro.
Ante esta situación, la familia del artista ha solicitado la realización de pruebas de ADN antes de emitir cualquier declaración pública. Mientras tanto, el caso ha encendido un debate sobre cómo aspectos desconocidos de la vida de figuras públicas pueden salir a la luz de manera impactante tras su fallecimiento.
La incertidumbre crece mientras el país, aún conmocionado por la pérdida de una de sus grandes voces, permanece atento al desenlace de este drama que parece extraído de una telenovela.
La pregunta que muchos se hacen es si Alejandro Colmenares Pérez es realmente hijo de Rubby Pérez y qué consecuencias tendrá su aparición en la distribución del legado musical y económico del artista.
Solo el tiempo y una prueba genética podrán confirmar la veracidad de las afirmaciones realizadas, mientras la memoria de Rubby Pérez sigue viva entre sus admiradores y su legado artístico continúa siendo motivo de homenaje.
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El juicio de fondo contra Carmen Jiménez, acusada de causar la muerte de su sobrino Christopher Jiménez, de 9 años, está previsto para conocerse este martes en el Distrito Judicial de La Altagracia.
El caso ha generado gran atención en Verón, Punta Cana, debido a la gravedad de las acusaciones en su contra y de su pareja sentimental, González Valencio Rojas.
El Ministerio Público señala que el niño falleció el 13 de enero del 2024 como resultado de presuntas torturas cometidas por Jiménez, en aparente complicidad con su pareja.
La audiencia del juicio, inicialmente pautada para la tarde del lunes, fue aplazada por asuntos de horarios y se reprogramó para las 9:00 de la mañana del día siguiente.
Se recuerda que durante la primera semana de enero del presente año, el Juzgado de Instrucción dictó auto de apertura a juicio con la admisión total de la acusación presentada por el Ministerio Público. Este paso procesal permitió que el caso avanzara hacia el juicio de fondo, donde se conocerán de manera detallada los elementos de prueba.
Adicionalmente, el 14 de octubre del 2024, el mismo tribunal ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra Jiménez y su pareja.
Esta decisión fue tomada en una audiencia de revisión obligatoria celebrada en la sala unipersonal del juzgado, donde se rechazó cualquier variación de la medida impuesta, tomando en cuenta la gravedad de los hechos que se imputan.
Las autoridades acusan a los implicados de violar múltiples disposiciones legales. En concreto, el expediente judicial cita los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 303-4 numerales 1 y 2, 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
Asimismo, se les imputa infracciones al artículo 396 literal A de la Ley 136-03 sobre protección a menores y a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, que regula el uso y control de armas, municiones y materiales relacionados.
El caso ha mantenido una alta expectativa pública por la edad de la víctima y las circunstancias bajo las cuales ocurrió su muerte. Las autoridades judiciales y el Ministerio Público insisten en que este juicio se lleve a cabo con la rigurosidad que amerita la acusación. La audiencia de este martes será clave para el desarrollo del proceso.
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En un operativo realizado recientemente por el Ejército Nacional en la localidad de Sabana Iglesia, provincia de Santiago, fueron demolidas y destruidas 30 viviendas que eran ocupadas por ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
La acción ha generado atención pública y reabre el debate sobre el tratamiento de la migración en República Dominicana.
De acuerdo con las autoridades responsables del operativo, estas medidas se ejecutan con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en la región. La presencia de estructuras habitadas de manera irregular habría motivado la intervención de los cuerpos militares en la zona.
Según los reportes, la demolición se llevó a cabo de forma directa y en coordinación con otras instituciones del Estado.
“En un reciente operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional en la localidad de Sabana Iglesia, Santiago, se demolieron y destruyeron 30 viviendas que eran ocupadas por ciudadanos haitianos en situación irregular.”
Esta declaración resume el hecho que ha generado diversas reacciones en la opinión pública, tanto a nivel local como nacional.
Las viviendas destruidas albergaban personas de nacionalidad haitiana que no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en el país.
Las autoridades no han informado si hubo detenciones o traslados durante el operativo, ni si se ofreció algún tipo de asistencia a los afectados tras la demolición de sus hogares.
El tema de la migración irregular continúa siendo uno de los más delicados en la agenda pública dominicana. La actuación de las autoridades en operativos de esta naturaleza genera posturas encontradas y exige que se mantenga la vigilancia sobre el cumplimiento de los protocolos legales y humanitarios.
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