La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drgas (DNCD), con el respaldo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals), entregaron a un ciudadano dominicano a las autoridades estadounidenses, en el marco de la ampliación de las operaciones de búsqueda y captura de prófugos internacionales. La acción se realizó cumpliendo los protocolos de cooperación entre ambas naciones.
El extraditado es Miguel Ángel Fortuna Solano, quien fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG). Desde allí, bajo custodia de oficiales estadounidenses, abordó un vuelo con destino a Estados Unidos para responder ante la justicia por las acusaciones que enfrenta en dicho país. La entrega se efectuó con todas las garantías legales correspondientes y dentro de los procedimientos previstos para este tipo de casos.
Según detallaron las autoridades, Fortuna Solano es requerido por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey. Los cargos incluyen asociación para cometer fraude a través de medios electrónicos y correo postal, así como conspiración para el lavado de activos, en infracción de varias disposiciones del Código estadounidense. Las autoridades precisaron que estos procedimientos forman parte de los mecanismos legales para garantizar que los imputados respondan ante la justicia internacional.
La extradición se efectuó mediante el decreto 567-25, luego de que Fortuna Solano fuera arrestado en septiembre de este año por equipos operativos y agentes policiales en la provincia de Dajabón. La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cumpliendo con los lineamientos legales nacionales para este tipo de acciones coordinadas con organismos internacionales.
La captura y entrega de Fortuna Solano se enmarca dentro del fortalecimiento de la cooperación internacional entre República Dominicana y Estados Unidos, enfocada en la lucha contra el lavado de activos, el fraude y otros delitos transnacionales. Las autoridades enfatizaron que este tipo de operaciones buscan garantizar que los ciudadanos vinculados a delitos de alcance internacional sean procesados conforme a la ley y que se mantenga la colaboración efectiva entre ambos países en materia de seguridad y justicia.
